La normativa comprende una serie de medidas y regulaciones en el ámbito de la economía digital, con la finalidad de convertir el Principado de Andorra en un país atractivo para los inversores, tanto inversores locales como extranjeros. Algunas de las novedades y conceptos de la mencionada Ley, fueron desarrolladas en el Reglamento aprobado por el Decreto 212/2023 del 10 de mayo, que entró en vigor el pasado 17 de junio de 2023.
Pero esta Ley no sólo regula aspectos del ámbito de la economía digital. Entre otras muchas cosas, la Ley realiza modificaciones sobre la legislación de inmigración, aumentando los requisitos exigidos para la obtención de la residencia pasiva y para la residencia activa de trabajo por cuenta propia o mediante la constitución de una sociedad.
Una de las principales novedades, ha sido la de adaptar los criterios de residencia sin actividad lucrativa, cuyo aspirante a una residencia de esta tipología, debe invertir una cantidad de 600.000 euros en alguno de los activos citados a continuación:
a) Bienes inmuebles situados en el territorio del Principado de Andorra
b) Participaciones en el capital social o en fondos propios de sociedades residentes en el Principado de Andorra.
c) Instrumentos de deuda o financieros emitidos por entidades residentes el Principado de Andorra.
d) Instrumentos de deuda emitidos por cualquier Administración pública del Principado de Andorra.
e) Productos de seguros de vida contratados con entidades residentes en el Principado de Andorra.
f) Depósitos no remunerados en la Autoridad Financiera Andorrana (AFA).
No obstante, estas cantidades se reducen al importe de 400.000 euros si la inversión se realiza directa o indirectamente y de forma permanente o efectiva en el denominado “Fons d’Habitatge”, un instrumento financiero que se regula a través de la Ley de organismos de inversión colectiva de derecho andorrano. Su objetivo es la inversión en proyectos inmobiliarios para la promoción de viviendas de alquiler a precio asequible en el Principado de Andorra.
En caso de que la inversión en activos andorranos se efectúe parcial o totalmente en bienes inmuebles, es decir, en más de un bien inmueble, se ha de destinar un importe mínimo de 400.000 euros para cada unidad inmobiliaria que se adquiera.
Además, de forma obligatoria se establece que la persona titular debe hacer efectivo el depósito a la Autoridad Financiera Andorrana (AFA) el importe de 47.500 euros, así como 9.500 euros (ambos no remunerados) por cada persona a su cargo que adquieran la condición de residente sin actividad lucrativa. Es importante destacar que estos importes se deducen de la cantidad anteriormente mencionada de los 600.000 euros.
Otra modificación importante para destacar hace referencia al cumplimiento de una serie de requisitos para optar a la concesión de una autorización de inmigración de residencia y trabajo por cuenta propia. En el caso de los profesionales liberales que deseen llevar a cabo una actividad por cuenta propia, éstos requieren de la autorización del Gobierno de Andorra para el ejercicio de la actividad que se pretenda desarrollar y del correspondiente documento acreditativo de un colegio profesional (además de cumplir con el resto de los requisitos que establece la Ley).
Por otro lado, los inversores extranjeros que opten por la constitución de una sociedad andorrana (de la cual se tenga una participación superior al 34% y se ejerza un cargo en el Órgano de Administración y dirección efectiva de la gestión de la actividad), deberán (a parte de cumplir con otros requisitos de la Ley), hacer efectiva y depositar en la Autoridad Financiera Andorrana (AFA), el importe de 50.000 euros no remunerados.
A lo anteriormente mencionado existe una excepción. Aquellas sociedades andorranas constituidas con la finalidad de promover la economía digital, emprendedoría e innovación de acuerdo con las definiciones de estos términos desarrollados en la Ley 42/2022, están exentas de depositar en la Autoridad Financiera Andorrana (AFA) el importe de 50.000 euros. Con esta excepción, el Gobierno de Andorra pretende flexibilizar los criterios para la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo a aquellas personas que, mediante una sociedad, tengan una actividad económica dentro del espacio digital y de la innovación.
Así pues, resumiendo, la Ley 42/2022 no sólo establece el marco regulatorio sobre un entorno basado en la economía digital, emprendimiento e innovación, sino que también facilita la entrada a aquellos inversores extranjeros que quieran desarrollar una actividad basada en la tecnología mediante la constitución de una sociedad andorrana.