El pasado 26 de marzo se publicó oficialmente en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) la ley conocida como Ley Òmnibus.
Esta norma tiene como propósito dar respuesta a uno de los retos sociales y económicos más urgentes del país: la dificultad de acceso a la vivienda en un contexto de fuerte crecimiento urbanístico e inversión extranjera.
La nueva ley forma parte de una estrategia global del Gobierno andorrano para garantizar un modelo de desarrollo más sostenible y reforzar el derecho a un hogar digno. A continuación, te resumimos los principales cambios que introduce esta normativa y cómo pueden afectar a inversores, residentes y profesionales.
Una de las medidas más significativas de la Llei Òmnibus es la reestructuración del régimen de inversión estrangera. El objetivo es claro: frenar la adquisición especulativa de propiedades y asegurar que las inversiones extranjeras beneficien al desarrollo económico y social del país.
Principales cambios:
Para facilitar el acceso a la vivienda habitual, se han introducido diversos incentivos fiscales que buscan frenar la especulación a corto plazo y premiar el alquiler y la compra con fines residenciales reales.
También se endurecen los criterios para beneficiarse de ciertas exenciones fiscales, como la compra del primer inmueble para residencia habitual, aumentando los requisitos de residencia previa y los límites de renta y valor de la propiedad.
La Llei Òmnibus modifica también aspectos clave en materia de inmigración:
Asimismo, se introducen ajustes en la normativa societaria y en el régimen de startups, promoviendo una actividad empresarial ligada al desarrollo económico sostenible y la innovación.